OIT presenta el segundo estudio sobre la tolerancia a la explotación sexual de personas menores de edad en la región centroamericana

La región centroamericana muestra avances, aunque persisten desafíos

(Noticias de la OIT).- “El comercio sexual con personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Segundo estudio de tolerancia social. Análisis de resultados, desafíos y recomendaciones” es el título de la nueva publicación del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo en la que se analizan los datos de una encuesta sobre la tolerancia de la sociedad centroamericana frente a los delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Entre los datos más destacables, se puede señalar que alrededor del 95% de las personas encuestadas en la región reconoce la explotación sexual comercial como delito.

En la región, el 28,1% de las personas encuestadas dice conocer lugares donde se ofrecen “servicios sexuales” con personas menores de edad: Desde el 37,1% de Guatemala hasta el 14,8% de Costa Rica.

La situación de Costa Rica podría estar motivada por la clandestinidad en que se ejecutan estos delitos así como por el creciente uso de tecnologías como la Internet y el uso de teléfonos celulares por parte de los explotadores.

A pesar de que existe en la región una institucionalidad para hacer frente a la explotación sexual comercial, en caso de saber que una persona adulta paga por sexo a otra menor de edad, un 24,8% de la población entrevistada respondió que no haría nada (desde el 12,9% de Costa Rica hasta el 38,8% de El Salvador), un 18% afirmó que denunciaría a la persona menor de edad, a pesar de que no ha cometido delito alguno. En torno al 45% señaló que denunciaría al cliente explotador.

El 37,4% de las personas encuestadas señaló que denunciaría a los proxenetas e intermediarios y el 40,8%, al cliente explotador. Con respecto a 2005, esta última opción ha aumentado en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. No fue así, en cambio, en República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Aunque Costa Rica es el país en el que más personas denunciarían al cliente explotador, en relación con la misma encuesta realizada en el año 2005, es preocupante que este porcentaje se haya reducido en más de un 12%, pasando de un 71% a un 58,6%. Es necesario, al mismo tiempo, que se tomen acciones ante la apatía de la población por denunciar, dado que respecto a 2005, en 2008 se ha casi duplicado el porcentaje de personas que no harían nada, y se ha triplicado el de personas que denunciarían a la víctima de la explotación sexual comercial.

Un avance importante es que se reconoce que las instituciones del Estado son responsables de detener el problema. Sin embargo, los principales responsables que son los explotadores y los proxenetas siguen pasando desapercibidos. Solo un 5% les atribuye la responsabilidad. Sigue siendo un reto para los países y sus instituciones colocar en la sociedad parte de la responsabilidad de detener la explotación sexual, pues como ciudadanos y ciudadanas tienen la obligación de denunciar a los delincuentes y proteger a las personas menores de edad.

La muestra para el estudio fue de 8.608 personas mayores de 18 años (excepto en Nicaragua, donde fueron mayores de 16 años), con un mínimo de 1.200 entrevistas por país. El margen de error de la información tiene un 95% de nivel de confianza y la encuesta fue realizada por CID-GALLUP para la OIT en siete países de la región.

El estudio culmina con recomendaciones para los distintos sectores como los de educación y salud, la policía, el sector judicial, el sindical y empresarial o el de turismo y hotelería.

Entre otras conclusiones, el estudio señala que es importante realizar más acciones dirigidas a concienciar a la población acerca de quiénes cometen el delito de explotación sexual comercial. Se debe brindar información más clara y específicamente dirigida a este objetivo para que la población general logre identificar a los verdaderos delincuentes, es decir, a explotadores sexuales que pagan por sexo con personas menores de edad y a proxenetas e intermediarios que lucran cometiendo este delito, al mismo tiempo que violentan los derechos y atentan contra la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes.

Se debe estimular una cultura de denuncia de los verdaderos responsables de la explotación sexual comercial: explotadores, proxenetas e intermediarios, lo que además de lograr la identificación y detención de estos criminales, consigue detener el delito y se protege a las personas menores de edad. La información sobre la denuncia debe incluir información sobre dónde y cómo denunciar.