Maquilas continúan cerrando operaciones, aumenta el desempleo en El Salvador

La Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES, denuncia la violación de los derechos laborales de las personas que pierden su empleo en las maquilas.

Esta vez tocó el turno a la maquila INCAS S.A. que comprende a las fábricas Confecciones OMEGA S.A.; Confecciones MAYA S.A.; Confecciones Faro del Pacífico, que involucran a más de 1600 trabajadoras y trabajadores, ubicada en km 69 carretera a Metapán en la Zona Franca Santa Ana, jurisdicción de Santa Ana, cuyo representante legal y gerente de dichas empresas es GERARDO ARTURO ALAS MATUS. La situación socio-laboral en INCAS S.A.

1. El empresario ALAS MATUS, abandonó la empresa el día 6 de Nov.2008 y ha huido sin el compromiso legal, moral y ético de resolver la situación de salarios y prestaciones de ley de más de 1,600 trabajadoras/es;
2. La institucionalidad del Estado representada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Ministerio de Economía, se han hecho presentes caracterizando su acción de muy débil, poco integrada, sin fuerza coercitiva suficiente para obtener la información y hacer lo pertinente para obligar a la sociedad empresarial y al Señor Gerardo Alas, que cumpla con la legislación laboral.
3. La ley de zonas francas en lo pertinente al marco laboral es totalmente inefectiva cuando se da un cierre de empresas; las reformas penales y mecanismos sobre el control de las exportaciones que debe ligarse al cumplimiento de las cuotas a la seguridad social, es totalmente inefectivo y los atrasos, retenciones indebidas y apropiaciones ilícitas de las empresas de las cuotas a las administradoras de fondos de pensión y al ISSS es una situación dolosa y un ilícito que sigue incrementándose en total impunidad y contubernios institucionales.
4. Dentro del personal afectado se encuentran más de 35 personas embarazadas que deben pasar por controles de salud, su atención de parto y el derecho a subsidio de 12 semanas en distintos momentos; y el ISSS no actúa en consecuencia para generar la atención correspondiente. En cuanto a la ley laboral son trabajadoras que no pueden ser despedidas y están protegidas por la ley, sin embargo la falta de enterar las cuotas de salud e incumplimientos de los convenios con el ISSS, determina la no entrega de certificados y como tal el ISSS evade su responsabilidad de atender a las trabajadoras que no tienen culpa en la situación laboral de moras en las cuotas a la seguridad social.
5. La Fiscalía General de la República, continúa con una falta de diligencia para proceder a aplicar la ley por la apropiación indebida de cotizaciones; y capturar al Señor Gerardo Alas y responsabilizar a la sociedad mercantil en cuestión.
6. Los Ministerios de Trabajo y de Economía todavía no se ponen de acuerdo para ejercer los mecanismos de ley correspondientes como las restricciones aduanales, el inventario de los activos y ejercer la protección laboral correspondiente a los 1600 trabajadoras/es.
7. La Procuraduría General de la República, debe darle celeridad y diligencia a las demandas judiciales para acreditar los derechos de trabajadores/as por sobre otros acreedores como ISSS, AFP´s, bancos u otros. Los que conociendo el marco jurídico de debilidad e impunidad en favor de intereses de grupos económicos y dominantes en el país, hacen más urgente la acción judicial.
8. Otro elemento es el acoso jurídico que manifiesta la institución del Fondo Social para la Vivienda a trabajadoras/es que han caído en mora ante la falta de pago de las cuotas deducidas de los salarios, esto por cuanto el pago de las catorcenas ha sido totalmente discontínuo y con atrasos considerables en los últimos años; por lo que el FSV debe disponer de mecanismos integrales y reconocer la deuda en mora que está bajo la responsabilidad de Gerardo Alas.

Ante tal situación laboral demandamos:

1. La pronta interpuesta de la demanda judicial por parte de la Procuraduría General de la República para la imposición de los embargos de ley correspondientes, que puedan garantizar los salarios y prestaciones de ley adeudados. Y la diligencia pertinente ante jueces para una pronta acción de embargo.
2. Al Ministerio de Trabajo la agilización de los cálculos de ley que respondan a todos los derechos laborales y cuantías de conformidad al salario devengado y tiempo de servicio.
3. Al Ministerio de Trabajo y Ministerio de Economía, que agilicen los mecanismos de restricción aduanal de personas y mercadería, inventario del activo y búsqueda de las personas de la sociedad mercantil responsables de la situación laboral en INCAS S.A.
4. Al Presidente de la República a que cumpla con el principio y norma constitucional de protección del trabajo art.37, así como la de proporcionar ocupación para el aseguramiento de la familia y del trabajador/a para una existencia digna. Dada la pérdida grave de empleos en dicho sector de la economía.
5. Al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a que de la atención a la población laboral –y en especial a trabajadoras embarazadas—que han quedado cesantes según art.14 del Reglamento del Regimen del ISSS.
6. Al sector empresarial aglutinado en el sector de industriales maquileros, administradores de zonas francas, textileros y exportadores de prendas de vestir e indumentarias, a que respondan solidariamente y presionen moralmente a quienes dentro de su sector empresarial no cumplen con las disposiciones legales y generan una protección a empresarios corruptos y violadores de los derechos humanos.
7. A las marcas como Russell, Soffie, Delta, Old Sky, Hannes y otras que se confeccionaban en INCAS S.A. como parte de la cadena productiva que contrata a proveedores para la confección de sus productos, impulsen una actuación de transparencia y saneamiento como de corresponsabilidad ante las malas prácticas empresariales salvadoreñas que se ven incrementadas durante 2008, reflejando problemas de inversiones y comercio nada ético y totalmente injusto.
8. A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a que de conformidad al art.194 CN. genere las acciones de oficio y por denuncia pertinentes dentro de su mandato constitucional al verse afectados cientos de trabajadores/as y sus familias ante la violación a sus derechos humanos constitucionales.

Tomado de http://www.laboralred.net/leer.php/303, Sindicato de Trabajadoras/es de la Industria del Vestir de El Salvador—Seccional por Empresa OMEGA Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador—FEASIES Nov.2008